Por Todos es sabido, que el Estado español alberga uno de los conjuntos histórico- artísticos más reconocidos a nivel mundial.
A lo largo del último siglo, las leyes estatales también han venido prestando su protección a los distintos bienes que conforman el patrimonio cultural español.
Ya a finales del XIX y, sobre todo, desde las primeras décadas de 1900, se produjo un movimiento de concienciación política con respecto a los bienes patrimoniales, que llevaría a legislar sobre la materia.
Se fueron elaborando los primeros inventarios con un mínimo rigor científico y se acometieron las primeras restauraciones en los monumentos más emblemáticos del país, con una especial valoración de los monumentos hispanomusulmanes de la Península, como la Mezquita de Córdoba, los Palacios nazaríes de Granada y la Giralda de Sevilla, entre otros.
También en el s. XIX un amplio legado patrimonial acabaría demoliéndose para contribuir a las nuevas concepciones urbanísticas, tendentes a eliminar la imagen de ciudad- convento, tan características de los núcleos poblacionales del país.
No obstante y, en gran parte gracias a este suceso, se crearán los primeros museos de Bellas Artes. A comienzos del s. XX se da una mayor profusión de publicaciones en las que el patrimonio monumental del País no sólo aparece valorado desde su perspectiva histórico- artística, sino que también empieza a considerarse recurso de vital importancia para el incipiente turismo cultural . Se crearon patronatos de Turismo, la restauración de monumentos emblemáticos y una mayor proliferación de folletos ilustrados que junto con las colecciones de postales de reconocidos editores y fotógrafos de la época, serían uno de los principales canalizadores de la valoración y posterior difusión del Patrimonio Histórico Artístico Español.
El inicio de la década de 1930 trajo consigo una avanzada legislación con respecto al patrimonio Histórico. Sin embargo, y como contrapunto, la quema de conventos e iglesias supuso el más grave atentado de la Historia contra la riqueza artística de la Nación.
Tras el final de la contienda, y a través del programa de regiones devastadas, se restauraron iglesias y Bienes Muebles que habían quedado parcialmente destruidos, pudiendo recuperar su aspecto originarios; sin embargo, el período de postguerra supuso el abandono definitivo de aquellos templos que habían quedado desplazados de zonas de población más céntricas. Esta circunstancia conllevó la ruina de numerosos monumentos religiosos que, al igual que había ocurrido anteriormente con otros tantos de carácter civil, nunca lograron tener valoración de sus homónimos más conocidos.Lamentablemente, el período destructivo del Patrimonio Histórico Artístico Español continuó en la mayoría de los pueblos y ciudades, que vieron cómo las fachadas de sus casas se iban convirtiendo en el más desproporcionado muestrario de los gustos y modas de la época. El uso de elementos nuevos y la ausencia de una legislación adaptada a cada zona y la falta de criterios rigurosos para la catalogación del Patrimonio, trajo como consecuencia, pérdidas irreparables en numerosos cascos históricos y, en algunas ocasiones, un desconcierto urbanístico que hoy intentan paliar, no siempre con mucho éxito, los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU).
Pese a estas circunstancias, las últimas décadas del siglo pasado supusieron, al menos, la aparición de normativas encaminadas a la protección de la riqueza patrimonial española.
En la Constitución de 1978 se refleja de modo expreso la preocupación por el Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, encomendando a los poderes públicos, su protección y enriquecimiento, a la vez que señala que “la ley penal sancionará los atentados contra ese patrimonio”.
Desde que se comienzan a aprobar los estatutos de Autonomía, las diferentes comunidades fueron asumiendo competencias exclusivas en materia de Patrimonio, adoptando a lo largo de las dos últimas décadas una serie de medidas encaminadas a su conocimiento y protección.
Nuestra labor, no sólo como gestores, sino también como ciudadanos y partícipes de ese Patrimonio, no debería limitarse al conocimiento y la protección del mismo, que no es poco; además de esto, tenemos el deber de fomentarlo, de poder “lucirlo” con orgullo y de dejar un testimonio real y cercano, que hable por sí solo de la Historia de nuestro País.
